Por unanimidad e invocando razones de "gravedad institucional", el máximo tribunal detuvo la ejecución de una sentencia que cedía terrenos del Ejército.
Con la firma de sus cuatro ministros, la Corte Suprema de Justicia declaró procedentes las quejas interpuestas por el Ejército Argentino y el Ministerio Público Fiscal, y ordenó suspender el curso del proceso tramitado ante el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche respecto de la entrega de 180 hectáreas que están en uso del Ejército a una comunidad mapuche.
A raíz de la acción de amparo iniciada por la Comunidad Mapuche Millalonco–Raunquhue, el juzgado de Bariloche había ordenado al Poder Ejecutivo Nacional que “en el término de 60 días –a partir de que quede firme esta sentencia- transfiera a título gratuito, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el dominio de las tierras cuya mensura fue aprobada por Resolución 1174 del INAI, a los efectos de su adjudicación –en forma inmediata- en propiedad de la comunidad accionante”.
Es decir que se ordenaba al gobierno transmitirle la propiedad dominial de las tierras en pugna a la agrupación mapuche.
La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca consideró que la apelación interpuesta por el Ejército Argentino para evitar esa cesión había sido extemporánea, por lo que rechazó el recurso.
Tanto el Ejército como el Ministerio Público Fiscal interpusieron recursos extraordinarios para llegar a la Corte, que fueron denegados. Por eso, acudieron a ella en queja.
Paralelamente, se inició un expediente penal en el cual se investiga la actuación de la abogada del Ejercito como de otros funcionarios del ministerio de Defensa, bajo la hipótesis de que se habría impartido una orden para dejar vencer los plazos. En el marco de esa causa penal, la justicia dispuso una medida cautelar impidiendo a los organismos administrativos nacionales tomar cualquier tipo de decisión que implique transferir el dominio de tierras.
Con posterioridad a ello, el 17 de marzo, el juez federal subrogante de Bariloche hizo lugar al planteo de la comunidad mapuche y ordenó la ejecución de la sentencia, otorgándole al Estado Nacional un plazo de 30 días para efectivizar la transferencia de tierras.
Es en este marco de gravedad institucional que este miércoles la Corte decidió suspender el curso del proceso, sin que ello implique tomar una decisión sobre el fondo de la cuestión.
