Ariel Lijo aceptó el pedido del Ejecutivo, a pesar de las presuntas incompatibilidades. Desarrollo Social dará de baja 20 mil planes más.
El Gobierno logró que la Justicia habilite al ministerio de Desarrollo Social a pagar los haberes del Potenciar Trabajo correspondientes al mes de noviembre, pero no evitará que las organizaciones sociales oficialistas -que ya hicieron una demostración de fuerza el viernes- salgan a la calle este miércoles.
Alberto Fernández, que recibió al líder del Evita y secretario de Economía Social Emilio Pérsico y al secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) Esteban “Gringo” Castro junto a la ministra del área Victoria Tolosa Paz, no pudo evitar la marcha, que tuvo su antesala este martes con la movilización de los piqueteros de izquierda que encabezaron cortes y medidas de fuerza en el centro porteño y en todo el país.
Los planes sociales quedaron en el centro de la escena por supuestas y reiteradas irregularidades que son investigados en Comodoro Py luego de que se difundieran incompatibilidades de miles de beneficiarios que declararon bienes personales o tuvieron acceso al mercado de cambios.
Las organizaciones sociales de la UTEP donde conviven agrupaciones oficialistas con cargos en el Estado y escaños en el Congreso, como el Evita, Barrios de Pie, la CCC y el MTE, de Juan Grabois; ratificaron sus críticas a la gestión nacional que también integran. “Este miércoles estaremos en plazas, calles y rutas de todo el país para hacernos escuchar, no podemos permitir estas persecuciones a los y las de abajo”, hicieron saber el lunes a través de un comunicado.
La resolución judicial de Ariel Lijo para que pueda cobrar toda la nómina del Potenciar -a pedido de Tolosa Paz- no los conformó. Insisten en tener definiciones sobre un bono de fin de año, frenar posibles bajas de los planes y exigen que el Gobierno no avance en su idea de desenganchar la paritaria del Potenciar de la del Salario Mínimo Vital y Móvil.
Como anticipó Clarín, en la reunión del viernes en el despacho del Presidente se resolvió que la ministra recurriría a la Justicia para solicitar que le permitiera seguir liquidando los haberes de noviembre, a pesar de las observaciones. Al denunciarla por incumplimiento de deberes de funcionario público y malversación de fondos, el fiscal Guillermo Marijuan le hizo un favor al Gobierno, porque la causa se sorteó y recayó en el juzgado de Ariel Lijo en lugar de aquel de Julián Ercolini, que supervisaba la primera causa judicial que abierta por la denuncia de oficio de Marijuan luego de que se conociera el informe de la AFIP.
Ercolini es uno de los jueces a los que apuntó el Presidente por cadena nacional por su viaje a Lago Escondido, propiedad de Joe Lewis, con el ministro de seguridad porteño y empresarios. Ercolini ya había autorizado -por pedido de Tolosa Paz- que se levantara el secreto fiscal de la AFIP para poder cruzar el nombre de los presuntos beneficiarios con incompatibilidades.
“En lo institucional fue lo que se habló la semana pasada. Se va a liquidar como se venía haciendo y se va a trabajar durante los próximos 60 días para ver nominalmente si hay incompatibilidades que hoy no se detectan en el cruce Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Syntis)”, explicaron en la secretaría de Economía Social de Desarrollo Social que administra el jefe del Evita, Pérsico.
En esa Cartera insistieron en que el Presidente, que el lunes anunció con la ministra un refuerzo alimentario para 33 municipios del Conurbano, apoya de manera total a la ministra, una de las últimas en sumarse al Gabinete.
Veinte mil beneficiarios de los 1.362.000 que cobraron el Potenciar en octubre no recibirán el beneficio social en noviembre. Son 17 mil más que las 3 mil que había informado Tolosa Paz tras el entrecruzamiento de datos con el Banco Central. En tanto, Desarrollo Social ratificó que continuará con las auditorías electrónicas del Potenciar Trabajo que ya completaron 500.000 beneficiarios. Quienes no cumplan con ese requisito antes del 6 de enero, serán dados de baja del Programa.
Otros dirigentes de peso del Evita son mucho más críticos con la gestión de Tolosa Paz. “La crisis que le generó al Gobierno esta señora es de una irresponsabilidad enorme. Cero eficiencia, cero empatía, cero registro de la realidad social y mucho menos política”, señaló el secretario gremial de la UTEP Gildo Onorato, que hasta hace poco construía políticamente con Tolosa Paz en La Plata.
Los piqueteros de izquierda que convirtieron el centro porteño en un caos, una vez más denunciaron que el Gobierno avanza en un ajuste con la connivencia de las agrupaciones peronistas de la UTEP. “El Gobierno profundiza el ajuste hacia los más débiles, con la complicidad de las organizaciones oficialistas”, señaló Silvia Saravia de Libres del Sur. En las primeras horas de la tarde, dirigentes de Unidad Piquetera fueron convocados por funcionarios de Desarrollo Social.
