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Para el editor y ensayista la organizaciones de derechos humanos, alineadas con el kirchnerismo, "obturan toda discusión crítica sobre el pasado" y se han "convertido en guardianas de la ortodoxia" sobre la violencia de los setenta.
Las luchas por los derechos humanos que comenzaron a librarse durante la dictadura y que, a su término, se prolongaron en la CONADEP, el Juicio a las Juntas y, más tardíamente, en los juicios reanudados ya en este siglo, esas luchas se han agotado.
Ya ni los conservadores mal informados creen que los discursos de los organismos de derechos humanos y las marchas, cada vez más fragmentadas, cada vez más melancólicas, cada vez más escuetas, del 24 de marzo, sean portadores de alguna dimensión política que ponga en cuestión el estado de cosas.
Nacido en las horas más tristes de nuestro pasado reciente, el movimiento de derechos humanos estuvo integrado por personas que pusieron en riesgo su vida al oponerse al sentido común de un régimen para el cual las desapariciones forzadas seguidas de torturas, violaciones, expoliación y muerte se habían convertido en el modo naturalizado de resolver un violento conflicto político.
Si la protección y defensa de la humillada dignidad humana, el cuidado y la restitución de los derechos humanos avasallados por la dictadura era el propósito principal de los organismos, para cumplirlo debieron desafiar a un poder homicida, pero también subvertir el conjunto de significados que dominaban a una opinión pública que por temor, comodidad, desinformación y en algunos casos complicidad carecía de la conciencia de la gravedad del daño.
Múltiple operación, por tanto, a la vez política y discursiva, librada en un contexto adverso y peligroso, hecho de incomprensión, recelo y amenazas.
Aquellas luchas podrían haber conservado su espíritu. No solo por la necesaria recordación de las víctimas y la condena de los perpetradores, sino en la renovación de los temas y problemas a abordar: actuar sobre el presente para que el futuro sea mejor que el pasado.
Pero, patrocinadas por el Estado, cristalizadas en un tiempo ya ido, ajenas al sufrimiento de multitud de hombres, mujeres, niños y niñas que padecen hoy vulneraciones dramáticas de sus derechos y de su dignidad (trata de personas, condiciones carcelarias, pobreza e indigencia, violencia ambiental, policial y de género, por mencionar solo algunas), las organizaciones de derechos humanos no son mucho más que parte bien constituida del establishment político.
El discurso de esas organizaciones carece de los rasgos que alguna vez le dieron su dimensión política y su altura moral: la capacidad de asumir un riesgo personal y colectivo; el desafío al poder constituido y su normalización del daño; la voluntad de trastocar los significados que organizan la esfera pública.
“La historia de las ortodoxias, escribió Harold Rosenberg- muestra que las palabras siguen siendo repetidas mucho después de haber perdido su sentido original. En un estado de decadencia (…) un ser corporativo disfraza más o menos su condición alterada bajo la fraseología de sus comienzos heroicos.”
Hoy, para decirlo con palabras de León Trotsky, “una combinación de dogma y oportunismo” hizo perder a las organizaciones el impulso original de defensa y promoción de los derechos humanos, una combinación que, paradójicamente, cuanto más las lleva a mirar con ojos idealizados a las víctimas de la represión más las aleja de aquel impulso que alguna vez les dio sentido.
Pero, además, se trata de una combinación que, al contribuir a la fosilización de las ideas y de los problemas, al obturar toda discusión crítica sobre el pasado, al convertirse en guardianas de la ortodoxia de un nuevo sentido común que se quiere, a su vez, inmodificable, se ha convertido en un obstáculo para imaginar un futuro mejor en un país que requiere riesgo, imaginación y capacidad de pensar a contracorriente.
