El órgano de instrucción y operaciones criminales de Caibarién, Santa Clara, imputó recientemente a dos cubanos el delito tráfico de personas. Ambos, junto a otros dos grupos de personas, son investigados en procesos diferentes.
De acuerdo a la información proporcionada al equipo legal de DIARIO DE CUBA por fuentes dentro de la Isla que prefieren conservar el anonimato por temor a represalias, ninguno de los dos imputados pretendía irse del país ni organizó las salidas.
Uno construyó una embarcación por encargo (que podía haber sido para salir de pesca) y el otro, un taxista particular, trasladó a personas que pretendían salir del país ilegalmente hasta un punto cercano a donde los recogería una embarcación.
El Artículo 285 Apartado 1 del Código Penal de Cuba impone condenas de siete a quince años de cárcel a quienes, con ánimo de lucro, organicen, faciliten, inciten o promuevan la entrada o salida de personas del territorio nacional, con la finalidad de que estas emigren a otro país.
Según el Artículo 287, responden también por este delito, quienes presten ayuda material o faciliten de cualquier modo la comisión del delito de tráfico de personas.
El desconocimiento del uso que se daría a la embarcación o, en el caso del taxista, de que llevaba a sus pasajeros a un punto desde el que partirían de Cuba de manera ilegal, no exonera de los cargos a los acusados ni constituye una circunstancia atenuante.
Sin embargo, esa misma lógica permite concluir que el régimen cubano, así como el de Nicaragua y varias aerolíneas, fomentan el tráfico de personas y lucran con él.
En noviembre de 2021, cuatro meses después de las históricas protestas antigubernamentales que estallaron en Cuba, el régimen de Daniel Ortega, aliado de La Habana, exoneró a los cubanos de solicitar visa para viajar a Nicaragua.
De esa forma, Ortega y Miguel Díaz-Canel desencadenaron una avalancha de cubanos que parten rumbo a Nicaragua, pero no para quedarse ni hacer turismo. En ese país, después de pagar sumas abismales por un vuelo en clase económica a un país del área, comienzan la travesía terrestre por Centroamérica y México hacia Estados Unidos. En el trayecto son víctimas de traficantes de personas, agentes policiales corruptos, asaltantes y violadores.
El régimen de Cuba lucra con esas travesías ilegales hacia Estados Unidos, que se inician en Nicaragua, aunque sean las aerolíneas que trasladan hasta ese país a los cubanos, y luego los traficantes y policías corruptos que encuentran en el camino, los que se embolsan el dinero.
Al salir de la Isla y arriesgar sus vidas en Centroamérica para llegar a Estados Unidos, los cubanos le quitan presión social al país. Esos viajes a Estados Unidos han sacado de Cuba a disidentes que le resultaban incómodos al Gobierno. Los que se van representan también menos bocas que alimentar dentro de la Isla. Si sobreviven al viaje y consiguen llegar a Estados Unidos, podrán enviarles a sus familiares las remesas que ayudan al régimen a mantenerse en el poder.
De acuerdo al mencionado Artículo 285 del Código Penal cubano, si el delito de organizar, incitar, facilitar o promover la entrada o salida ilegal del país lo comete un funcionario público, "la sanción es de privación de libertad de ocho a veinte años".
Los departamentos de Inmigración y Extranjería, en Cuba, y de Migración y Extranjería, en Nicaragua, así como los gobernantes de ambos países, son responsables de facilitar y promover la salida de Cuba, de manera legal, para que luego los ciudadanos de la Isla emprendan una travesía ilegal hacia Estados Unidos.
A diferencia del fabricante de embarcaciones y el taxista, imputados del posible delito de tráfico de personas, el régimen cubano no puede ni siquiera alegar desconocimiento de que sus ciudadanos serán víctimas de contrabando, chantaje y otros delitos, al llegar a Nicaragua.
Estados Unidos resulta perjudicado por los hechos, pues la inmigración ilegal viola la seguridad del país y tensa las relaciones diplomáticas con los países vecinos, como México.
De acuerdo a las leyes estadounidenses, el contrabando o tráfico ilícito de personas es el ingreso de estas a un país mediante la violación deliberada de las leyes migratorias. Este delito incluye llevar a extranjeros indocumentados al país, así como la transportación y el albergue ilícito de esos indocumentados que ya se encuentran en Estados Unidos.
La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE) es la agencia policial estadounidense competente para iniciar investigaciones de todo tipo, incluida las de inteligencia contra el contrabando humano y trata de personas. El ICE puede trabajar junto a organizaciones diversas y asociados en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para garantizar investigaciones y enjuiciamientos de casos de contrabando humano a lo largo de la frontera.
Los esfuerzos de ICE también van dirigidos contra todas las partes involucradas en la cadena de contrabando, más allá de los contrabandistas inmediatos. Esto significa que también pueden alcanzar a los gobiernos de Cuba y Nicaragua, así como a las empresas que lucran con estas operaciones.
El enfoque de ICE se basa en las víctimas. Reconoce que para poder investigar y enjuiciar a los traficantes exitosamente, sus víctimas deben encontrarse libres de temor e intimidación, lo que les permite ser testigos efectivos. Miles de cubanos en Estados Unidos cumplen esta exigencia.
