Aunque no hace tanto hubiera sido difícil de creer, lo que encalla las negociaciones entre el PSOE y ERC para un pacto de investidura no son tanto los temas vinculados al 'procés' -amnistía y mesa de diálogo-, sino los relacionados con la gestión del día a día de la Generalitat: el traspaso de Rodalies y una mejora de la financiación de Cataluña. El caso de los trenes es el más palmario: las dos partes no se ponen de acuerdo en cómo traspasar la infraestructura -sobre todo en la titularidad de las vías- y el dinero que tiene que acompañar el traspaso.
La voz de alarma la ha dado el propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. "Muy a mi pesar, no estamos avanzando", ha lamentado este miércoles. Aunque no ha dado por cerrada la negociación sobre la carpeta del 'procés', ha explicado sin rodeos que el problema está en la carpeta de los trenes y el dinero. "Es en lo que se ha avanzado menos", ha remachado en una entrevista en Onda Cero.
En el PSOE admiten que el foco de atención está en estos dos asuntos, aunque no lo ven tan paralizado. Desde las elecciones del 23 de julio, los socialistas han priorizado los aspectos políticos sobre los económicos en las negociaciones. El enfoque de los colaboradores de Sánchez partía de la premisa de que lo más difícil a la hora de sellar un acuerdo era la amnistía sobre el ‘procés’ y otras iniciativas frente a la crisis territorial. Pero la medida de gracia ya está prácticamente diseñada, admiten fuentes de la dirección del PSOE, y ahora se comenzarán a abordar Rodalies y la financiación autonómica, asuntos en los que el protagonismo recaerá sobre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Muy a mi pesar, no estamos avanzando. Pere Aragonès, president de la Generalitat
Si nos fijamos en Rodalies, los problemas son dos. El primero es patrimonial. Un traspaso de estas características implica la cesión de una ingente cantidad de patrimonio que pasa de las manos del Estado a las de la Generalitat: son vías, son trenes y son catenarias. Como ya avisó el PSC la semana pasada, el Estado no quiere desprenderse de las vías en Catalunya que conectan con otras autonomías y con Francia. Para el Govern son demasiados kilómetros a los que renunciar. Por poner un ejemplo, la R1 quedaría en manos de la Generalitat, pero la R2 ya no. Aragonès ha insistido este miércoles en que es "imprescindible un traspaso integral".
Aunque pueda parecer que todo el mundo quiere gestionar Rodalies, en el fondo es lo que coloquialmente se podría definir como un marrón. Desde hace más de una década ha sido fuente de problemas y de desgaste político de quienes lo han asumido. Es por este motivo que la Generalitat, pese a querer asumir la gestión completa, exige que el traspaso vaya acompañado de los recursos necesarios que servirían para las inversiones de mejora del servicio.
¿Qué cifra suponen estos los recursos? Ese es el segundo problema que Rodalies plantea en la negociación. No se ponen de acuerdo. La Generalitat pide más que lo que está dispuesto a ofrecer el Gobierno. Desde la plaza Sant Jaume no se quiere dar una cifra argumentando que podría "interferir" en la negociación. Pero, recurriendo a la hemeroteca, se puede ver como ERC hablaba en campaña electoral de 4.000 millones. Un informe reciente de la Generalitat cifrava en 3.600 lo que ha dejado de invertir Adif en Rodalies entre 2010 y 2021.
La financiación
Al margen de Rodalies, el otro gran problema es la financiación de Cataluña. De nuevo, la cuestión va de dinero y no de 'procés'. Aquí la Generalitat busca la forma de mejorar sus ingresos. ¿Por qué vía? Su preferencia sería una "mecanismo de compensación" específico para Catalunya que inyectara recursos extras. Un traje a medida que difícilmente será aceptado por el Gobierno
El punto intermedio a estas posiciones da una amplia gama de posibilidades. Desde una mejora de las inversiones a través de los próximos presupuestos del Estado, hasta una condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Aquí, de nuevo, la Generalitat juega el despiste porque considera que revelar sus cartas debilitaría su posición en la negociación. Mejorar la financiación también tendría una repercusión directa en el ámbito estricto de la política catalana. El caso es que abriría la puerta a tener unos mejores presupuestos públicos para el 2024, algo relevante si Aragonès quiere encontrar alguno socio que se los apruebe.
El optimismo socialista
El entorno de Sánchez cree que no debería haber aquí grandes problemas para el entendimiento. Aun así, el nuevo mantra de los socialistas es que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Es decir, que todo en esta negociación está relacionado entre sí. Incluidos los futuros y de momento aún hipotéticos pactos con ERC y Junts, porque una de las grandes preocupaciones de los colaboradores de Sánchez es que los republicanos no se sientan perjudicados respecto a los posconvergentes. Por eso, explican en el PSOE, las conversaciones van “en paralelo”, buscando un “equilibrio” entre ambos.
En la Moncloa creen que el acuerdo firmado el martes por Sánchez y Yolanda Díaz puede contribuir a “acelerar” el entendimiento con los partidos independentistas. El documento se compromete a “impulsar” un “nuevo modelo de financiación autonómica que garantice los recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad” y “corrija la infrafinanciación de determinadas comunidades”.
El acuerdo con Sumar solo cita a Valencia, porque Compromís forma parte de la coalición de izquierdas, pero en este apartado también está incluida Cataluña. Sin embargo, a pesar del compromiso, en el PSOE reconocen que aprobar un nuevo sistema durante esta legislatura, si finalmente echa a andar, será muy difícil, ya que no conviene hacerlo sin contar con el PP, que gobierna en 12 de las 17 autonomías.
