Seis hombres marroquís y una mujer portuguesa que usaban un bazar de Arcade para dar salida a las prendas fraudulentas aceptaron los hechos en una vista por conformidad
Seis hombres marroquís y una mujer portuguesa se sentaron ayer en el banquillo de los acusados de la sede de la Audiencia en Vigo para aceptar hasta seis meses de prisión por sendos delitos contra la propiedad industrial. En una vista por conformidad, seis de ellos reconocieron ser los autores de dichos delitos y otro, haber sido cómplice.
Los siete dieron por bueno el relato de la Fiscalía, que los acusaba de utilizar un bazar situado en Arcade, en el cual se dedicaban a vender alfombras, ropa de cama y otros artículos de hogar, como centro de operaciones de distribución y venta al por mayor de productos textiles que falsificaban marcas reconocidas como Adidas, Lacoste o Calvin Klein.
Una investigación de más de año y medio (entre marzo y diciembre de 2015) llevada a cabo por la Ucdev de la Policía Judicial en colaboración con las autoridades policiales portuguesas reveló que el administrador único del bazar coordinaba esta actividad de adquisición y posterior venta al por mayor de las falsificaciones y viajaba frecuentemente a Portugal, donde se abastecía de estos productos. La tesorera controlaba los ingresos y gastos de las diferentes cuentas e incluso llegó a realizar el proceso de estampación de los logotipos falsos. El hijo del administrador distribuía la mercancía y se encargaba de los cobros a los clientes, mientras que uno de sus hermanos gestionaba y reponía las existencias del material textil, avisando al cabecilla de los posibles clientes. Otro hermano, el imputado como cómplice, utilizaba su propio domicilio como almacén de la mercancía.
Los otros dos acusados eran un empleado del bazar, que al principio se pensaba que no formaba parte de la organización, pero al que le fueron incautados 35 relojes falsificados en su domicilio en un registro posterior; y un vendedor ambulante que adquiría las prendas y las distribuía entre sus clientes.
Así, y concurriendo una atenuante de dilaciones indebidas, el tribunal condenó en firme al cabecilla, su hijo, uno de sus hermanos y la tesorera a 6 meses de prisión y 540 euros de multa por un delito contra la propiedad industrial agravado; al empleado y al vendedor ambulante a 3 meses de prisión por otro delito contra la propiedad industrial. El otro hermano, que actuó de cómplice, aceptó 4 meses de cárcel y 360 euros de multa.
