El equipo de abogados de Carles Puigdemont que está participando en la redacción de la ley de amnistía, liderado por el letrado chileno Gonzalo Boye, también trabaja en la negociación con el PSOE para "el abordaje de la autodeterminación". Es decir, para hallar cómo reconocer a la "nación catalana" y para ponerle nombre al referéndum de tal modo que el PSOE de Pedro Sánchez "pueda asumirlo".
Según confirman fuentes de la negociación, tanto Boye como el letrado Jordi Pina ya han intercambiado documentos con los negociadores del Partido Socialista para diseñar una terminología aceptable, un eufemismo apto para ambas partes sobre cómo llamar a una "señal de referéndum".
Además, y como ya explicó el expresident fugado en su conferencia del pasado 5 de septiembre en Bruselas, es "necesario" el "reconocimiento nacional de Cataluña" por parte del Estado. Así lo confirman los negociadores cercanos a Puigdemont consultados por EL ESPAÑOL, que se ciñen a la alocución citada y, por tanto, a un extremo que "tendrá que estar" en la redacción del acuerdo.
[Sánchez ve su investidura "cada vez más cerca" pero elude aclarar el alcance de la amnistía]
Hay otro elemento clave: el método. Según apuntan las fuentes de la negociación consultadas a uno y otro lado de la mesa, que la "discreción" sea "máxima" se está cumpliendo a ambas bandas. Hay sintonía. Se cumple un "principio de confianza" que, obligado desde el pasado 23-J, ha terminado de cuajar en las últimas semanas.
Y eso es así, admiten personas implicadas de lleno en la negociación, porque el intercambio de documentación ya supone un compromiso: tanto los socialistas como los independentistas pueden incentivar a su interlocutor con la advertencia de "tenemos papeles vuestros con todo lo negociado", pilares documentales fruto de dos meses tratando de forjar una alianza compleja tan compleja en lo jurídico como en lo político.
Por un lado, porque ante unas elecciones repetidas el 14 de enero, las expectativas del PSOE sufrirían indudablemente ante la filtración de sus borradores sobre la amnistía o el referéndum.
Y por otro, porque el viraje de Junts, desde el rupturismo hasta la negociación -"incluso de un referéndum pactado", recuerdan fuentes del Gobierno- ya le ha costado el repudio de los más puros. Por ejemplo, una amarga Diada, en la que la ANC y otras entidades sociales independentistas lo acusaron de 'botifler' ("traidor").
En definitiva, según todas las fuentes, se está cumpliendo el plan de que se llegue al acuerdo que exige el independentismo catalán, a cambio de la investidura y de que nada se acabe llamando por su nombre, para que el redactado sea aceptable en el lado socialista.
El "mediador"
Por eso, tampoco se han escuchado críticas demasiado duras ante el nuevo fracaso del Gobierno en su empeño por lograr la oficialidad de la lengua catalana en las instituciones de la Unión Europea. Los pagos por adelantado, los "hechos comprobables" exigidos por la esquina de Puigdemont no llegan.
"Sólo hay un país en la UE que se niega, y se puede solucionar", reconocen la buena voluntad de José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores. El equipo del expresident ya sabe que este compromiso es "imposible" que esté cumplido antes de la investidura, por eso ha dejado de reclamarlo como condición sine qua non.
Si todavía se reclama, simplemente, "una fecha" al Gobierno español es para mantener la presión públicamente. "Se comprometieron, así que no bastan las palabras, como hicieron con Esquerra la pasada legislatura", añade otra fuente de Junts, "por eso, hace falta una verificación de que José Manuel Albares está poniendo toda la carne en el asador".
[Albares afirma que la aprobación del catalán en la UE se conseguirá en "dos o tres meses"]
¿Y eso cómo se logra? "Cada vez, se hace más necesaria la figura del mediador, o verificador... como lo quieran llamar, alguien que garantice la evolución de lo acordado".
Esa figura, si se torna necesaria, ya está aceptada por parte del PSOE. La condición de los socialistas es que no sea una entidad internacional. Es decir, nada de la ONU, la UE o el Consejo de Europa, como ha propuesto Esquerra. La condición de Junts, "puede ser externo o no, pero tiene que ser neutral, no nos vale Zapatero". Los republicanos de Oriol Junqueras mantienen las citadas preferencias, pero sí aceptarían al expresidente, según indican sus fuentes.
La "amnistía"
De momento, las negociaciones con el independentismo son tan discretas que las fuentes consultadas en el Consejo de Ministros responden "aquí no sabemos nada". Lo más que añaden es que "por lo que sabemos, la cosa va bien, aunque no está siendo fácil". Ese aspecto lo confirma un miembro de la dirección de Junts a este diario. "La amnistía va mucho más avanzada que la autodeterminación, ese punto es más difícil para ellos".
Las conversaciones son tan delicadas que la comisión negociadora del PSOE merece ser llamada así para todo menos para los tratos con el expresident fugado en Waterloo, quien tiene la llave maestra.
Del lado juntaire, son los abogados Boye y Pina, esencialmente; y del lado monclovita, según las fuentes consultadas, dos personas de la absoluta confianza y lealtad a Sánchez: el equipo del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, apoyado políticamente por José Luis Rodríguez Zapatero, "un interlocutor fiable" para los dos partidos independentistas catalanes.
Este periódico ya informó de que Boye está participando de la redacción de la futura ley orgánica de amnistía, intercambiando documentos con el PSOE. Se trata de delimitar el nombre que reciba la medida de gracia, y fijar sus detalles: los límites temporales, su alcance personal -"hay cientos de familias afectadas desde 2014", recuerdan en Junts- y determinar a qué delitos y a qué procedimientos afectará la norma, según confirman fuentes del Gobierno.
Un jurista del PSOE trabaja también de manera externa en estos aspectos legales.
El "referéndum"
Según confirman fuentes de la negociación, tanto Boye como Pina también han intercambiado documentos para ir perfilando cómo reflejar en el acuerdo el reconocimiento del "derecho a la autodeterminación" que reclaman a los negociadores de Pedro Sánchez.
"Esto es complicado, ellos no pueden asumir un referéndum de independencia, así llamado", reconocen las fuentes de Junts, "pero hay muchas maneras de escribir". Según explican, el abordaje de este punto acaba de comenzar entre los equipos negociadores.
Desde Junts ya le han advertido al PSOE y a ERC que no irá a una mesa, ni a un foro ni a nada parecido para negociar el referéndum, "porque toda esa terminología ha quedado quemada", tras los cuatro años de vigencia de la llamada Mesa de Diálogo. "Sirve para dos fotos al año, pero no ha traído nada para Cataluña", insisten las fuentes.
"Tiene que estar en el acuerdo el compromiso de abordar el tema del referéndum", sentencia este portavoz antes de matizar, "lo llamen como lo llamen".
En eso sí coinciden los juntaires con los republicanos en una cosa: ésta tiene que ser la legislatura en la que se negocien los términos de "la votación del futuro político de Cataluña". Qué pregunta, qué censo, cuándo hacerlo y bajo qué garantías. Fuentes del PSOE insiste en que serán "las garantías del marco constitucional"; y los partidos independentistas, en respuesta, han planteado "el paraguas" del artículo 92 de la Carta Magna.
La "nación"
El presidente del Gobierno en funciones, en su empeño por ser reelegido antes de la fecha límite del 27 de noviembre, tiene abiertos, al menos, seis frentes, además peleados entre sí en tres batallas: ERC contra Junts, por la hegemonía indepe; PNV frente a Bildu, ya en precampaña para las elecciones vascas; y Sumar con Podemos, del que nació, al que ha ninguneado para la coalición y al que pretende dejar sin carteras en el nuevo Gobierno.
Así que Sánchez lo último que quiere es pisar callos. Y por eso, al contrario que en los primeros análisis periodísticos, el independentismo catalán sí que entiende por qué en el acuerdo del PSOE y Sumar para el nuevo gobierno de coalición progresista no aparece una sola mención a Cataluña, al conflicto o al modelo territorial tan en discusión en estos días posteriores al 23-J.
Para Junts y ERC es evidente, porque eso se negociará con ellos. Del mismo modo que al partido de Puigdemont o al de Junqueras no les compromete lo pactado por Sánchez y Díaz, "ellos no iban a decir nada que nosotros pudiéramos rechazar".
Para los partidos separatistas catalanes, es clave el reconocimiento de que "Cataluña es una nación". A esto, Sumar no se opone: como consta en su programa electoral, la formación de la vicepresidenta segunda se compromete a "avanzar en la plurinacionalidad del Estado español". Pero eso no es suficiente para Junts y ERC, que entroncan ese reconocimiento en su supuesto "derecho de autodeterminación", es decir, al "referéndum".
Así lo expresó Puigdemont el 5 de septiembre, en su conferencia de Bruselas: "Que nadie se engañe: con [todo esto], incluida la amnistía, no se resolverá el problema de fondo. No existe una receta autonómica para resolver los problemas de Cataluña. Lo determinante es el reconocimiento nacional de Cataluña y, por tanto, de su derecho a la autodeterminación".
