La Audiencia Provincial de Barcelona ha cerrado la puerta a que el Gobierno ejerza la acusación en el caso Negreira, en el que se investiga si el Barça pagó más de 7 millones de euros al vicepresidente de los árbitros para tener un trato de favor. En una resolución a la que ha tenido acceso El Confidencial, los jueces rechazan que el Ejecutivo pueda personarse en la causa a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), quien apeló a su carácter de institución pública perjudicada. Esta resolución tumba así un recurso presentado en junio, tres meses antes de que el juez del caso ampliase sus pesquisas a un presunto delito de cohecho porque el número dos de los árbitros es un alto cargo de la Federación, una institución pública.
La Audiencia Provincial de Barcelona ha cerrado la puerta a que el Gobierno ejerza la acusación en el caso Negreira, en el que se investiga si el Barça pagó más de 7 millones de euros al vicepresidente de los árbitros para tener un trato de favor. En una resolución a la que ha tenido acceso El Confidencial, los jueces rechazan que el Ejecutivo pueda personarse en la causa a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), quien apeló a su carácter de institución pública perjudicada. Esta resolución tumba así un recurso presentado en junio, tres meses antes de que el juez del caso ampliase sus pesquisas a un presunto delito de cohecho porque el número dos de los árbitros es un alto cargo de la Federación, una institución pública.
La Sección Vigésimo Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona responde al recurso presentado por la Abogacía del Estado en contra de la decisión del Juzgado de no admitir como acusación al Gobierno. El Ejecutivo quiso ser parte en el caso Negreira por medio del departamento que dirige Víctor Francos, pero la jueza instructora –entonces sustituta del actual magistrado Joaquin Aguirre– lo rechazó en mayo. Coincidió así con el criterio de la Fiscalía y del Barça, que también estaban en contra de la presencia del CSD en la investigación.
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En sus alegaciones, el Consejo apeló a su carácter de institución pública para estar personado en virtud de la Ley Reguladora del Deporte que le atribuye competencias para velar por la aplicación de la Ley. La Fiscalía contestó que en este caso el Gobierno no es víctima del delito objeto de investigación. Cuando se presentó el recurso, en junio, el Juzgado todavía no había ampliado sus pesquisas al delito de cohecho. En ese momento, lo que se discutía eran delitos como la corrupción entre particulares en el ámbito deportivo o la administración desleal.
En ese sentido, los jueces de la Audiencia Provincial responden que si se tratase de un delito de administración desleal, el perjudicado es el titular del patrimonio perjudicado y no un tercero como el CSD. Si hubiese un delito de corrupción entre particulares, los implicados son los directivos, árbitros o jugadores implicados en alterar un resultado deportivo.
La resolución, dictada la semana pasada, concluye que la obligación del CSD es establecer qué competiciones son profesionales. Añade que son la Liga –ya personada– o la Real Federación Española de Fútbol las encargadas de gestionar las competiciones y salvaguardar el juego limpio. La obligación que marca la Ley al Consejo de velar por la aplicación de la Ley tiene que ver con la posibilidad de establecer sanciones dentro de su ámbito, que es el administrativo, según la Audiencia Provincial.
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El instructor del caso Negreira, el juez Joaquín Aguirre, dictó un auto en septiembre el que sostiene que los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Arbitros (CTA) José María Enríquez Negreira constituirían indiciariamente un presunto delito cohecho. Este tipo penal no exige demostrar la adulteración de partidos concretos y contempla condenas más graves que el delito de corrupción entre particulares que se atribuía hasta ahora a los investigados. El Barça quedó automáticamente imputado por este nuevo tipo penal.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona recordó que, cuando se efectuaron esos pagos, entre 2001 y 2018, Negreira era vicepresidente del CTA de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), una "institución que tiene el carácter de persona jurídico-pública" al ejercer funciones delegadas por el Estado para la regulación de un deporte. Ese estatus, señala el juez, equiparaba al responsable arbitral con un funcionario o autoridad y le obligaba a ser “imparcial y tener un trato equitativo con todos los equipos”.
