Agentes del Seprona de la Guardia Civil, acompañados por integrantes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, inspeccionar el pasado 17 de mayo una finca agraria en la localidad sevillana de Aznalcázar perteneciente a la familia de los Alba. En esa diligencia hallaron, junto a dos pozos y una balsa «debidamente inscritos», otros ocho pozos ilegales con los que se estaba dando riego a unas 200 hectáreas de naranjos. En total, se habrían consumido de forma ilegítima más de 305.000 metros cúbicos de agua (305 millones de litros) y los perjuicios económicos alcanzaron los 36.702 euros, según una primera estimación.
Este presunto expolio se podría haber extendido durante una década, según comunicó el Seprona a la Fiscalía de Medio Ambiente, que el pasado 7 de septiembre presentó una querella en los juzgados de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) contra los miembros del Consejo de Administración de Eurotécnica Agraria SA, la empresa que explota esta finca. Según el registro mercantil, entre ellos están los hermanos Alfonso, Cayetano, Eugenia y Fernando Martínez de Irujo Fitz-James Stuart y el hijo del primero, Luis, gerente de la explotación.
A todos ellos inicialmente, y a expensas de que el juez instructor del caso, Pablo Aragón, decida sobre la responsabilidad de cada uno en la empresa, se les imputan delitos contra el medio ambiente y desobediencia por haber dañado supuestamente una masa de agua subterránea protegida, denominada Aljarafe Sur, que pertenece al sistema de explotación SE-1 Guadimar, que llega hasta Doñana.
La fiscal Carmen Escudero ha pedido en su querella, a la que ha tenido acceso este periódico, que se extienda el cómputo de agua detraída a la última década y considera que los propietarios incurrieron en un delito de desobediencia al impedir el paso a la finca a los agentes del Seprona y técnicos de la Confederación Hidrográfica cuando acudieron a cerrar los pozos el pasado 12 de junio. La Guardia Civil confirmó finalmente el sellado de las extracciones ilegales la pasada semana.
Fuentes jurídicas han señalado que uno de los querellados, Alfonso Martínez de Irujo, terrateniente de la Finca Aljóbar, ha presentado un escrito en el juzgado para que en vez de su hermana Eugenia declare como investigado su hijo Luis, gerente del terreno los últimos años. Eugenia ha sido llamada como presidenta de Eurotécnica Agraria, cargo rotatorio de la sociedad familiar que aglutina la mayoría de las tierras de los Alba entre Extremadura y Andalucía, incluida Aljóbar. Esta finca tiene un permiso oficial de riego de 606.500 metros cúbicos de agua al año con una enorme balsa y dos pozos, uno de ellos de uso doméstico y hoy seco.
Beneficios y ayudas públicas
La campaña de riego en este terreno es por goteo y se extiende desde junio hasta octubre, con una cosecha de 53,6 millones de kilos de naranjas en la última década hasta 2021, según la contabilidad interna. Esos 5,3 millones de kilos de media anual de naranjas gourmet (variedades navelinas, salustianas, navelate, lanelate y valencia), generaban un beneficio anual de entre 700.000 y 800.000 euros, según estima el Seprona. Mientras, la finca Aljóbar ha recibido 1,4 millones de fondos europeos de la Política Agraria Común (PAC) solo en los ejercicios 2021 y 2022, según refleja el Fondo Español de Garantía Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La querella de la Fiscalía de Medio Ambiente surgió tras una denuncia de Ecologistas en Acción a principios de verano y se conoce tras la interpuesta hace un año y medio contra el empresario y extorero Miguel Báez, El Litri, por cuatro pozos presuntamente ilegales junto al parque de Doñana. En paralelo, hace un mes fueron condenados cinco hermanos Campos Peña a tres años y medio de cárcel por delitos contra el medio ambiente en una muy próxima a Aljóbar, ambas en Aznalcázar.
Según la ONG, estos pozos están menoscabando la sobreexplotada masa de agua subterránea de Doñana, produciendo graves descensos del nivel freático, agravando los efectos de la situación de sequía generalizada que llevó a la declaración de situación de emergencia por sequía en toda la cuenca en marzo de 2022.
No es la primera denuncia que se cursa desde Ecologistas en Acción sobre esta finca, allá por los primeros años de siglo se denunciaron el cambio de uso de la finca de forestal a agrícola sin las debidas autorizaciones, pero la acción penal no prosperó y el ayuntamiento entendió beneficioso el cambio por la generación de puestos de trabajo que representaría.
